El gobierno de Donald Trump ha reactivado la controversia al autorizar nuevamente el uso del herbicida dicamba en cultivos de soja y algodón genéticamente modificados, pese a que tribunales federales en Estados Unidos lo habían vetado en dos ocasiones anteriores, en 2020 y 2024, por los graves daños ambientales que causó. 

La decisión fue tomada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con el argumento de responder a las demandas de los productores agrícolas que enfrentan dificultades para controlar malezas resistentes. Desde el organismo se defendió la medida afirmando que se han establecido *“las protecciones más estrictas en la historia de la agencia”, incluyendo límites de aplicación, restricciones por temperatura y zonas de amortiguamiento, que supuestamente permitirían un uso más seguro del producto. 

Sin embargo, el pesticida dicamba tiene un historial polémico debido a la tendencia de sus vapores a desplazarse kilómetros lejos del punto de aplicación —un fenómeno conocido como «deriva»— lo que ha provocado la contaminación accidental de millones de hectáreas de cultivos convencionales, huertos y ecosistemas naturales que no están diseñados para resistir su efecto tóxico. 

Estas características habían sido justamente las causas para que los tribunales anulasen su aprobación anteriormente, señalando que su uso había generado daños extensos e incluso fracturado relaciones dentro de comunidades rurales afectadas por la deriva química.

La medida ha despertado fuerte oposición por parte de grupos ecologistas y organizaciones por la salud ambiental, que califican las restricciones como insuficientes y consideran que la reautoridad del herbicida pone en riesgo no solo la biodiversidad y cultivos no transgénicos, sino también la salud de las personas que viven en áreas agrícolas. 

Además, la multinacional Bayer —que adquirió el producto al comprar Monsanto— celebró la decisión y anunció que comercializará esta fórmula bajo el nombre comercial “Stryax”, iniciando los trámites de aprobación a nivel estatal para su venta. 

En conjunto, la reprobación del veto judicial cobra relevancia en el marco del debate global sobre el uso de pesticidas, la seguridad alimentaria y la protección ambiental, donde las tensiones entre sectores productivos y defensores del medio ambiente continúan escalando.